Xurisprudencia
ARBITRAXE
08 de abril del 2010

SAPSe de 20 de diciembre de 1996. Cuestión de inconstitucionalidad del arbitraje. La anulación parcial de un laudo arbitral sólo puede declararse en los casos en que los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o en aquellos en que afecten a cuestiones que aunque se hayan planteado por las partes, no pueden ser objeto de arbitraje

SAPN de 24 de diciembre de 1996. Corresponde a las partes señalar los límites objetivos del contenido del laudo, derivando del incumplimiento de tales límites un vicio en la decisión del árbitro por defecto o exceso en el ejercicio de las potestades que les han sido conferidas, vicio susceptible de producir la nulidad total o parcial del laudo.

SAPM de 3 de marzo de 1997. En el conflicto entre la retroacción de la quiebra y la cosa juzgada en conexión con el principio de seguridad jurídica, deben distinguirse dos facetas o momentos: a) el acto de disposición patrimonial, alcanzado por la retroacción de la quiebra, b) el convenio arbitral y el laudo emitido, resuelto por los árbitros es intangible, pero sometido en cuanto a su ejecución o eficacia práctica a lo que resulta del juicio universal.

SAPTf de 8 de marzo de 1997. No se produce la renuncia tácita al arbitraje cuando se conteste a la demanda y se formule reconvención, ya que es ese el único momento procesal para formular las excepciones, tanto dilatorias como perentorias y se diga expresamente que se contesta a la misma sólo «ad cautelam». Es de aplicación la Disposición Transitoria de la Ley de Arbitraje de 1988 a los arbitrajes cuyo convenio arbitral se hubiere celebrado antes de la entrada en vigor de la ley, con la única salvedad de los supuestos en los que el procedimiento arbitral se hubiere iniciado ya.

SAPBal de 3 de abril de 1997. Planteamiento ad cautelam de la excepción de arbitraje. Computo a quo del plazo para laudar.

SAPM de 7 de abril de 1997. La esencialidad del  procedimiento arbitral.

SAPM de 9 de abril de 1997. El artículo 45.5 de la Ley de Arbitraje determina que es causa de anulación del laudo arbitral el que éste sea contrario al orden público; dicho concepto es delimitado en la propia exposición de motivos de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de lo que se infiere que ha de entenderse vulnerado cuando infrinja los derechos fundamentales y libertades públicas tutelados por  la Constitución española, sin que quepa acudir a ese concepto cuando lo que realmente se cuestiona es la interpretación del contrato realizada por el árbitro en base a normas de derecho privado que en nada se oponen tales derechos.

SAPB de 24 de abril de 1997. El arbitraje de consumo no está exceptuado de la exigencia del convenio arbitral. Exteriorización escrita de la común voluntad de las partes de someter las cuestiones litigiosas a la decisión del árbitro o árbitros, por lo que no exteriorizada una voluntad inequívoca del consumidor de someter la solución de la cuestión litigiosa a la decisión de la Junta Arbitral de Consumo, es nulo el laudo dictado por ésta.

SAPM de 13 de mayo de 1997. Prueba recogida en cinta magnetofónica. No procede impugnar el laudo arbitral de equidad dictado con base en el artículo 45.5 de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 que se refiere al supuesto de que “el laudo fuese contrario al orden público” toda vez que, debe ser rechazado el argumento de que no se han observado las formalidades establecidas en la Ley, pues aunque la prueba de confesión y testifical se llevaron a efecto ante el Arbitro y los Letrados de las partes y los testimonios de los mismos no se firmaron por cuanto la respuestas se recogieron en cintas magnetofónicas, esta posibilidad la admite el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al establecer que los Juzgados y Tribunales pueden utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.

SAPGU de 15 de mayo de 1997. Falta de legitimación pasiva. Su apreciación por el arbitro.

SAPB de 7 de julio de 1997. Arbitraje institucional

SAPGU de 8 de julio de 1997. Arbitrabilidad de la validez de acuerdos sociales adoptados por sociedad anónima. Doctrina jurisprudencial favorable a la misma

SAPSant de 8 de julio de 1997. Honorarios del letrado y aranceles de procurador. Cuantificación en tramite de anulación de laudo arbitral. Son de cuantía indeterminada

SAPCast de 25 de julio de 1997. Tramitación de la apelación contra el auto de formalización judicial del arbitraje

ATC de 4 de mayo de 1992. Régimen de recursos contra el laudo arbitral. El convenio arbitral suscrito con arreglo al régimen de la LAP de 1953 no justifica el derecho de los justiciables a la inmodificabilidad del sistema de ordenación de recursos.

SAP de Barcelona de 9 de mayo de 1996. Improcedencia de la excepción de convenio arbitral. Renuncia de las partes al arbitraje.

SAPM de 16 de junio de 1997. Admisibilidad del desahucio arbitral.

SAPM de 16 de septiembre de 1997. Inaplicabilidad de la excepción de convenio arbitral en el juicio ejecutivo cambiario.

STS de 4 de octubre de 1997. El Laudo arbitral no es ejecutable mientras el mismo no sea firme (al igual que ocurre con toda sentencia), no siendo ni siquiera susceptible de ejecución provisional. Si teniendo las partes estipulado un convenio arbitral, en virtud del cual se comprometen a someter una determinada cuestión litigiosa a la decisión de un árbitro, una de las partes plantea ante un órgano jurisdiccional esa misma cuestión litigiosa (no resuelta todavía por el árbitro), existe la excepción de incompetencia de jurisdicción, si la expresada cuestión, ya ha sido resuelta por el árbitro mediante el laudo arbitral firme y una de las partes vuelve a someter esa misma cuestión a través de un proceso, a la resolución de un órgano jurisdiccional, lo que éste debe apreciar es la excepción de cosa juzgada si se da la concurrencia de las tres identidades. Esta excepción de cosa juzgada no puede resolverse en la comparecencia del artículo 693 LEC.

SAPM de 6 de octubre de 1997. El plazo de interposición del recurso de anulación del laudo no es civil sino procesal, lo que conlleva el descuento de los días inhábiles. Cuando el arbitraje se somete a la Asociación Española de arbitraje Marítimo (IMARCO) y se acepta íntegramente su Reglamento, se ha de acatar el plazo que el mismo establece para que los árbitros dicten el laudo (cuatro meses) y para su protocolización (tres días), al no contrariar ningún precepto imperativo de la Ley de Arbitraje. Los árbitros no están obligados a resolver sobre la petición de aclaración, y el silencio no invalida el laudo ni produce nulidad. Bajo la pretendida infracción del Orden Público no puede someterse a revisión ninguna cuestión de legalidad material.

SAPM de 23 de octubre de 1997. El concepto de orden público no puede venir referido exclusivamente al procesal en sentido estricto, sino que se extiende a aquellos principios constitucionales que afectan a los derechos de interdicción de la indefensión y tutela judicial efectiva; ahora bien, no puede identificarse la vulneración del orden público con la posibilidad de revisión del laudo, por la constatación de un error patente en la resolución arbitral, pues ello supondría desvirtuar la naturaleza del propio procedimiento arbitral y del recurso de anulación, que no es un recurso de apelación de plena “cognitio”, a través del cual no es posible corregir las hipotéticas deficiencias en cuanto a las cuestiones de fondo debatidas.

SAPZ de 29 de octubre de 1997. Sumisión a Arbitraje: momento y efectos de su interposición: juicio declarativo de menor cuantía; estimación: existencia de un convenio arbitral capaz de constituir impedimento al desarrollo de la jurisdicción. Contrato preliminar y escritura de compromiso formalizado voluntaria o judicialmente: distinción superada por la Ley de 1988, que sólo prevé el convenio arbitral; formalización judicial del compromiso. Efectos: impide a los Jueces o Tribunales conocer de la controversia sometida al fallo arbitral.

SAPAs de 31 de octubre de 1997. La exigencia de que conste en el convenio arbitral la voluntad de las partes de someterse al arbitraje no debe interpretarse de forma literal y formalista, sino flexible. No queda infringido el principio de congruencia cuando el fallo se extiende no sólo a lo pedido por las partes sino también a las consecuencias lógicas y naturales de lo pedido.

SAPIB de 6 de noviembre de 1997. Arbitraje de equidad. Recusación del árbitro. No la entraña la circunstancia de que el árbitro designado a propuesta de ambas partes fuera Abogado que colaboró profesionalmente en asunto de gran repercusión pública con el Letrado que intervino en la negociación y firma del contrato origen de la controversia asesorando a uno de los litigantes.

SAPM de 11 de noviembre de 1997. El modo normal de concluir el procedimiento de formalización judicial del arbitraje, es mediante auto, bien accediendo a la misma, designando a los árbitros, en cuyo caso no cabe recurso alguno, bien rechazándolo, en cuyo caso cabe recurso de apelación contra el auto. Si la pretensión de formalización judicial del arbitraje se dirige contra varias personas, el auto puede acceder a la formalización judicial contra alguna o algunas y rechazarla respecto de las otras, en cuyo caso esta delimitación subjetiva del arbitraje vincula al árbitro que no podrá dictar el laudo respecto de aquellas personas con las que se rechazó la formalización. Si lo hace podrá pedirse su anulación.

SAPPont de 14 de noviembre de 1997. No renuncia el demandado al convenio arbitral por el hecho de impugnar la anotación preventiva de la demanda interpuesta, antes de formular la correspondiente excepción.

SAPGuip de 18 de noviembre de 1997. Es nulo el laudo arbitral dictado sobre el fondo de la cuestión litigiosa, porque no entró a resolver las dos excepciones planteadas: Falta de legitimación pasiva y de jurisdicción territorial, cuando ambas debían prosperar, pues el laudo se dictó contra el Banco, que aún cuando ostentaba la condición de avalista, no fue parte en el contrato principal en el que se pactó acudir al procedimiento arbitral en caso de conflicto, y porque, aún cuando las partes se sometieron a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, el laudo inexplicablemente fue dictado en San Sebastián.

SAPTf de 24 de noviembre de 1997. La sustitución de árbitros no supone la nulidad del laudo cuando uno de ellos interviene en la realización de todas las pruebas propuestas y en el pronunciamiento del laudo o aún no interviniendo en éstas si el nuevo árbitro se considera suficientemente informado por la lectura de las actuaciones.

SAPM de 27 de noviembre de 1997. Cuando las partes, además de someter al arbitraje la controversia principal, confieren potestad al árbitro para adoptar medidas cautelares, ninguna de ellas puede acudir a la jurisdicción ordinaria sino que será el árbitro designado el que deberá, ante la petición de la parte interesada, dar lugar en su caso a la medida solicitada y entonces acudir el mismo árbitro a la jurisdicción ordinaria para recabar la correspondiente actuación en este sentido.

§181. SAPM de 18 de diciembre de 1997. El recurso de anulación trata de estudiar si se han dado los presupuestos para que pueda entrar en juego el arbitraje y si el procedimiento en todo su ámbito se ajusta a la Ley de 1988.

STS de 15 de febrero de 1994. Carácter unívoco e integral del laudo arbitral. No es posible consentir solo una parte del laudo rechazando el resto de sus pronunciamientos en lo que no beneficia.

SAPV de 12 de Julio de 1995. Incomparecencia del usuario demandado. Constitucionalidad del procedimiento. Aceptación tácita del fuero (sumisión).

SAPB de 10 de Mayo de 1996. Excepción de arbitraje en juicio ejecutivo cambiario.

SAPHuva de 22 de enero de 1998. No es nulo el laudo arbitral pronunciado sin más contenido procedimental, que las pruebas que el árbitro solicitó de oficio, pues esta es una posibilidad que permite el artículo 26 de la Ley de Arbitraje y, además, no es suficiente para apreciar indefensión la mera invocación en abstracto de la parte, de que no se le ha dado oportunidad de alegar y probar pues tuvo ocasiones en trámites anteriores al procedimiento arbitral, en sede judicial, para exponer sus razones.

SAPZ de 9 de febrero de 1998. Tratamiento procesal de la excepción. Renuncia deducida de la formulación subsidiaria de demanda reconvencional.

SAPIB de 25 de marzo de 1998. Diferencia entre arbitraje y peritaje dirimente. Renuncia tácita derivada de la falta de oposición de la excepción en el procedimiento iniciado por la parte contraria. Laudo arbitral: inexigibilidad de su protocolización y nulidad del dictado fuera de plazo.

SAPC de 27 de marzo de 1998. El mes de agosto no es hábil para interponer el recurso de anulación. Cómputo del plazo para laudar.

SAPCR de 14 de abril de 1998. Al arbitraje de consumo acuden las partes de forma voluntaria a fin de solventar las quejas y reclamaciones de los consumidores, y por tanto manifestada la voluntad de someterse al mismo y aceptado por la Junta Arbitral, ninguna incidencia tiene el que se haya o no cumplido con el plazo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 636/1993 sobre Arbitraje de Consumo.

STS de 18 de abril de 1998. Arbitraje societario. La posibilidad de someter a arbitraje la nulidad de acuerdos de la junta general y la impugnación de acuerdos sociales fue admitida inicialmente por la jurisprudencia (Cfr. TS 1ª SS 26 abr. 1905 y 9 jul. 1907), que posteriormente, sin embargo, cambió de criterio y negó aquella posibilidad 

SAPCo de 22 de abril de 1998. Al principio de antiformalismo procedimental en el arbitraje se contrapone el respeto de unos mínimos legales inderogables que están por encima de la autonomía de la voluntad de los interesados.

SAPGu de 27 de abril de 1998. Ámbito dispositivo en el arbitraje de consumo.

SAPTo de 25 de mayo de 1998. Sumisión a arbitraje. No procede al tratarse de un litigio entre la Comunidad y los propietarios, estando únicamente prevista para disputas o diferencias entre propietarios.

SAPIB de 12 de junio de 1998. Excepción promovida tras la desestimación de la cuestión de competencia suscitada por declinatoria. Contestación cautelar de la demandada, para evitar la preclusión del derecho a oponerse en cuanto al fondo del litigio. Inexistencia de renuncia tácita al arbitraje. Cláusula de sumisión relativa a las divergencias entre la sociedad y sus socios o de éstos entre sí: aplicabilidad al ejercicio de la acción social de responsabilidad ejercitada por un socio contra el administrador.

SAPIB de 16 de junio de 1998. Excepción dilatoria de arbitraje. No es posible que la contestación a la demanda se limite a la alegación de la excepción pues ello equivaldría a producir una situación de indefensión. El arbitraje no es procedente para el ejercicio de un interdicto de obra nueva.

SAPM de 4 de julio de 1998. Lo importante en la decisión de la excepción de sumisión o arbitraje no es tanto el trámite elegido como la evitación de una sumisión a la jurisdicción del Juez ante el que se formula la excepción. Por ello es adecuado el trámite de la declinatoria, ahora bien limitando su pronunciamiento a separarse del conocimiento del asunto por existir un convenio arbitral, sin declinar su competencia en un arbitrio.

SAPIB de 28 de julio de 1998. Reclamación de honorarios por los árbitros con independencia de que el laudo sea o no firme.

SAPAs de 16 de septiembre de 1998. Naturaleza jurídica del arbitraje. Naturaleza jurídica del plazo para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral. El recurso de anulación constituye una acción de impugnación por la que se lleva a cabo el control judicial del laudo arbitral; plazo y su cómputo: desde que se efectúa la notificación a quien posteriormente formula la impugnación; improcedencia: caducidad de la acción. 

SAPB de 23 de octubre de 1998. No existe arbitraje de equidad, en lugar de arbitraje de Derecho, y por tanto causa de nulidad por el hecho de que el árbitro designado, Abogado en ejercicio, manifieste en la redacción del laudo que lo efectúa “según su leal saber y entender”, pues tal expresión no puede extraerse del contexto en que se encuentra, que es un laudo en que se decide conforme a las normas jurídicas citadas por el árbitro.

SAPM de 24 de septiembre de 1998. La mutua voluntad de someterse a arbitraje impide que la cuestión litigiosa indicada en el convenio arbitral pueda ser revisada jurisdiccionalmente. Concepto de orden público.

SAPB de 30 de septiembre de 1998. La excepción de sumisión a arbitraje en los juicios de menor cuantía, debe tratarse como la de competencia territorial, de modo que ha de proponerla el demandado en la forma establecida para los incidentes, suspendiéndose entre tanto la tramitación del pleito.

SAPOu de 3 de octubre de 1998. No procede desestimar la excepción de arbitraje en un arbitraje societario por cuanto los estatutos de la sociedad mercantil establecen que las cuestiones que surjan en cuanto a su aplicación entre los socios y la sociedad sean sometidas al mismo: no existe arbitraje ya que la demandante en el proceso actúa como particular prestamista. No como parte en el arbitraje.

SAPVizc de 19 de octubre de 1998. Congruencia del laudo arbitral.

SAPHuva de 20 de noviembre de 1998. No se puede entender tácitamente renunciada la sumisión al arbitraje porque el demandado en su escrito de contestación a la demanda, en lugar de solicitar primero que se estimase la excepción y se le absolviese sin entrar a conocer del fondo y subsidiariamente que se desestimase la demanda, hace únicamente esto último.

SAPVizc de 6 de diciembre de 1998. Arbitraje de Junta Arbitral de transporte. Laudo arbitral nulo.

SAPN de 20 de diciembre de 1996. Existencia de pretensión reconvencional. No provoca incongruencia del laudo arbitral .

ATS de 25 de febrero de 1997. Inadmisión del recurso de casación en fase de ejecución del laudo arbitral.

STS de 29 de septiembre de 1997. Renuncia al convenio arbitral cuando el demandado no se  limita a oponer  la excepción, contestando  a la  demanda y entrando  en la discusión de las cuestiones de fondo.

SAPLu de 8 de octubre de 1997. Validez de arbitraje pactado en los Estatutos de una Comunidad de Propietarios. Reparto de los gastos comunes: materia de la libre disponibilidad de las partes.

STS de 20 de octubre de 1997. En la ley de arbitraje de 1953 el compromiso no formalizado o cuya formalización no ha sido instada judicialmente deja sin efecto el contrato preliminar de arbitraje.

SAPM de 18 de enero de 1998. Laudo dictado fuera de plazo. Supuesta falta de sintonía entre el artículo 21.1 LA y el artículo 30 LA.

SAPM de 27 de abril de 1998. No existe nulidad del convenio arbitral cuando de las cláusulas del contrato se evidencia la voluntad inequívoca de someterse a arbitraje.

SAPB de 2 de diciembre de 1998. El plazo para interponer el recurso es procesal y es de caducidad. El cómputo de tiempo para la impugnación del laudo es distinto, según se trate del plazo para formular el recurso de anulación o del plazo para la emisión del laudo.

SAPBu de 11 de enero de 1999. Los árbitros en el procedimiento arbitral deben pronunciarse en el laudo sobre todos los puntos sometidos a su decisión, cuya delimitación viene dada en el correspondiente escrito de alegaciones.

SAPM de 20 de enero de 1999. La Ley de Arbitraje no es aplicable al arbitraje en transporte terrestre en materia relativa a la composición del colegio arbitral.

SAPGr de 25 de enero de 1999. El recurso de anulación no es una segunda instancia. Las causas de anulación del laudo arbitral son limitadas.

SAPB de 17 de febrero de 1999. Decisión arbitral sobre impugnación de acuerdos sociales. La cuestión litigiosa no es susceptible de ser sometida a arbitraje. Exclusión de la disponibilidad de las partes en aquellos acuerdos que afectan a los perfiles estructurales de la sociedad.

SAPVizc de 19 de febrero de 1999. La Sala sólo puede revisar la forma del juicio o de sus mínimas garantías formales, pero no el acierto o desacierto de la decisión arbitral.

SAPGuip de 19 de febrero de 1999. Transporte terrestre: sometimiento obligatorio al arbitraje. Declaración de inconstitucionalidad del artículo 38.2º LOTT.

SAPM de 8 de marzo de 1997. El arbitraje de transporte está generado en una relación de transporte. Nueva redacción del artículo 38.1 LOTT.

AAPPGC de 18 de marzo de 1999. Arbitraje en Timesharing o multipropiedad.

SAPGuip de 28 de abril de 1999. Arbitraje gestionado y administrado por la Corte Vasca de Arbitraje. No cuestionamiento del laudo pero el ponente le enmienda la plana al juez por no haber procedido a rechazar la formulación judicial del arbitraje por no constar la voluntad inequívoca de las partes de someterse a arbitraje: por esta razón el ponente admite el recurso de anulación del laudo arbitral. Voto particular acerca del yerro evidente del ponente.

SAPVizc de 6 de mayo de 1999. Caducidad en la presentación de recurso de anulación contra el laudo arbitral. Procedencia. Presentación del recurso una vez transcurrido el plazo de diez días desde que se notificó el laudo al recurrente.

SAPHulva de 17 de mayo de 1999. Estimación del recurso de anulación contra el laudo arbitral: constancia de manera clara e inequívoca, a través del contrato aportado, de la voluntad de las partes de someterse a la decisión de árbitros.

SAPVizc de 19 de mayo de 1999. La incongruencia omisiva en el laudo no es causa de anulación. La ausencia de resolución por el árbitro de cuestiones planteadas en el arbitraje no anula el mismo; caso contrario sería la incongruencia extra y ultra petita

SAPAlva de 27 de mayo de 1999. Responsabilidad en materia de usuarios y consumidores: procedencia. Servicios de transporte: entrega del paquete 24 horas después del limite convenido. Encargo del transporte a la demandada por la garantía de rapidez que ofertaba: perjuicio al actor por el retraso. Determinación de la cuantía: frustración de una expectativa en cuanto a que el proyecto remitido por el actor hubiera obtenido la adjudicación del contrato en un concurso. Renuncia al arbitraje por el demandado al oponerse al fondo de la demanda tras plantear la excepción. Eficacia de la cláusula de sumisión expresa a la junta Arbitral de Transportes: no supone desequilibrio en detrimento de los derechos y obligaciones de la parte contratante con el transportista. Cláusulas abusivas. Firma del remitente inserta en el anverso dentro del espacio destinado a «conforme del cliente».

AAPM de 8 de junio de 1999. El convenio de sumisión a arbitraje requiere la voluntad inequívoca de las partes; el convenio contenido en un contrato de obra no es aplicable a las controversias que surjan posteriormente a consecuencia de la subcontrata suscrita entre el contratista y un tercero, al no ser válida la genérica remisión del segundo contrato al primero.

SAPPal de 10 de junio de 1999. Arbitraje de equidad. Cosa juzgada: efecto positivo. Apreciación de oficio. Deficiencias y omisiones: no pueden ser corregidas en un juicio declarativo posterior; Recurso de nulidad: límites del recurso. Inexistencia de indefensión para la parte derivada de la aplicación efectuada de las normas por la Junta Arbitral: laudo no atentatorio al orden público. Inexistencia de incongruencia: decisión de los árbitros sobre cuestiones planteadas por las partes en el procedimiento arbitral.

SAPM de 15 de junio de 1999. Dada la especial naturaleza del recurso de anulación del laudo, el plazo para su interposición debe considerarse como un plazo procesal, por lo que en su cómputo hay que excluir los días inhábiles.

SAPVizc de 22 de junio de 1999. El plazo para la interposición del recurso de anulación es civil o de caducidad, y no procesal, por lo que se computan los días inhábiles. Distintas posturas mantenidas por las Audiencias Provinciales

SAPB de 28 de julio de 1999. Recurso de anulación del laudo arbitral. Improcedencia. Laudo arbitral contrario al orden público. Este motivo de anulación no abarca la infracción de cualquier norma jurídica aplicable al caso ni tampoco puede tener como fundamento las valoraciones subjetivas de las partes sobre la justicia del laudo ni la forma de resolver la controversia

STSJNa de 29 de julio de 1999. El arbitraje laboral regulado por el Real Decreto-Ley 6/1979, de 26 de enero es un sistema público, institucional y facultativo. Tribunales Arbitrales Laborales: transferencias de competencias a la Comunidad Foral de Navarra. Al estar excluidos los arbitrajes laborales de la Ley de Arbitraje, carecen de una regulación sustantiva, limitándose la legislación laboral a referencias al procedimiento arbitral.

SAPLle de 3 de septiembre de 1999. Recurso de anulación del laudo arbitral: el Tribunal no puede revisar como si fuera una segunda instancia el fondo de las cuestiones planteadas y resueltas por el árbitro. Improcedencia del recurso de anulación: laudo no dictado fuera de plazo. Falta de acreditación por el impugnante de la falsedad de la fecha del laudo

SAPCR de 15 de octubre de 1999. Concepto de convenio arbitral. La eficacia del convenio arbitral, como excluyente de la jurisdicción, implica necesariamente la expresión de la voluntad de al menos una de las partes en tal sentido, marginando de este modo su aplicación automática, por lo que la invocación inmediata de la excepción de convenio arbitral se alza como elemento necesario a fin de otorgar o no eficacia al convenio arbitral

SAPM de 20 de noviembre de 1999. Adopción de medidas cautelares con ocasión del arbitraje. No procede la nulidad de laudo dictado en arbitraje de equidad, por litispendencia basada en haber interpuesto la actora demanda jurisdiccional de adopción de medidas cautelares, acudiendo al arbitraje antes de que el Juzgado resolviera sobre aquéllas, pues en cualquier caso las medidas cautelares asegurarían la efectividad del laudo arbitral

SAPBa de 12 de enero de 1999. Arbitraje en transporte terrestre. Sumisión a arbitraje, salvo pacto, en los arbitrajes de cuantía inferior a quinientas mil pesetas. Constitucionalidad. Designación de los árbitros: composición de la Junta Arbitral de Transporte regulada por Ley

SAPAR de 14 de enero de 1999. No existe indefensión porque el dictamen pericial continúe sin la presencia de las partes. Aceptación del dictamen pericial por las partes ya que no se realizaron ninguna alegación que lo cuestionara

SAPAs de 18 de enero de 1999. Arbitraje en consumo. Es irrelevante en el acta de la audiencia la firma por las partes al estar extendida por el secretario de la Junta Arbitral de Consumo

SAPAli de 29 de enero de 1999. Resolución de cuestión no sometida a decisión del árbitro. La anulación del laudo arbitral solo es posible por los motivos que expresamente se indican en la Ley de Arbitraje

SAPJ de 3 de febrero de 1999. La intervención de abogado en el arbitraje. Tratamiento jurisprudencial acerca de la intervención de abogado en el arbitraje [procedimiento arbitral]

SAPZ de 9 de febrero de 1999. AUXILIO JUDICIAL: Denegación

SAPVizc de 12 de febrero de 1999. Contrato de adhesión. Derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. Nulidad de la cláusula por abusiva al imponer­se al contratante como condición general la sumisión al Tribunal Arbitral de Barcelona cuando el cliente poseía su domicilio en Bilbao. La operativa de la oferta del aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles es maliciosa, agresiva y justificada en la publicidad engañosa

SAPC de 13 de febrero de 1999. La anulación del laudo arbitral solo es posible a través de las causas que se establecen en la LA y ninguna de ellas permite abrir una nueva instancia o cognición de la cuestión litigiosa resuelta por arbitraje

SAPIB de 17 de febrero de 1999. Práctica de dictamen pericial. Las partes pueden hacer preguntas a los peritos sobre sus dictámenes. Posibilidad de que los peritos emitan sus dictámenes conjuntamente

SAPMur de 22 de febrero de 1999. El plazo para plantear la anulación del laudo arbitral es procesal. Concepto de orden público: es el que no vulnera principios fundamentales y esenciales de la Constitución [orden público procesal]

SAPGr de 22 de febrero de 1999. Los laudos arbitrales firmes producen efectos idénticos a la cosa juzgada

SAPLu de 23 de febrero de 1999. Aceptación del árbitro en el arbitraje de consumo. Fijación en el laudo arbitral de perjuicios

SAPCant de 24 de febrero de 1999. La ausencia de apoderamiento para plantear la anulación del laudo arbitral cuando no es subsanada origina una absolución en la instancia procesal

SAPC de 24 de febrero de 1999. Convenio arbitral anterior a la entrada en vigor de la ley 36/1988. Se aplica la normativa de la Ley de Arbitraje de 1988

SAPAli de 26 de febrero de 1999. El arbitraje responde al desarrollo de unos principios procesales exigibles en el ámbito de la tutela judicial efectiva. El arbitraje está sometido al principio de legalidad. La petición de anulación del laudo arbitral no es una apelación. Supletoriedad para el arbitraje de la LEC. El artículo 45.4. LA alude a una incongruencia extra e ultra petita partium

SAPV de 10 de marzo de 1999. La falta de argumentación del laudo arbitral no es oponible como infracción del orden público. Entrega de menos metros cuadrados útiles construidos de los convenidos

SAPAli de 22 de marzo de 1999. Falta de aceptación por escrito del nombramiento por el árbitro dentro del plazo de quince días: queda subsanada por la comunicación a las partes de su nombramiento transcurrido el plazo de 15 días

SAPOr de 25 de marzo de 1999. Arbitraje en consumo. Inmediación en la práctica de las pruebas. Resolución de la cuestión litigiosa por el órgano arbitral incompleto, al dejarse la decisión a uno solo de los árbitros

SAPCR de 29 de marzo de 1999. La circunstancia de que el convenio arbitral no se encuentre firmado no le priva de eficacia 

SAPV de 19 de abril de 1999. Interdicto de recobrar. Los juicios interdictales no quedan excluidos del arbitraje

STS de 26 de abril de 1999. El fundamento del arbitraje es conseguir una pronta y económica solución, evitando la dilación y carestía propia del proceso judicial. Responsabilidad de los árbitros: la extemporaneidad y consiguien­te nulidad del laudo no determina por sí la responsabilidad de los árbitros, pues se exige dolo o culpa. Justificación del retraso por la existencia de negociaciones entre las partes y por la dilación en la práctica de alguna prueba debido a su complejidad

SAPMa de 26 de abril de 1999. Interdicto de recobrar. Los procesos interdictales [protección de la posesión] quedan excluidos del arbitraje

SAPCob de 3 de mayo de 1999. No es aplicable al arbitraje en materia de transportes terrestres el plazo para laudar que establece la LA. Tampoco se aplica el artículo 32.1. LA respecto a la indicación en el laudo arbitral de las circunstancias personales de los árbitros. La inasistencia de un vocal al colegio arbitral no permite anular el laudo arbitral

SAPZ de 6 de mayo de 1999. El modo de actuar contra la designación de un vocal de la Junta Arbitral en Consumo es la recusación

SAPZ de 11 de mayo de 1999. Plazo para pronunciar el laudo arbitral. El momento relevante a los efectos del cómputo del plazo de seis meses es el de la fecha en el que el laudo se pronuncia no el de su protocolización

SAPAs de 12 de mayo de 1999. El artículo 38 LOTT no prevé la sumisión expresa al arbitraje. Existe la sumisión tácita al arbitraje

SAPB de 28 de julio de 1999. Laudo contrario al orden público. Este motivo de anulación no abarca la infracción de cualquier norma jurídica aplicable al caso ni tampoco puede tener como fundamento las valoraciones subjetivas de las partes sobre la justicia del laudo ni la forma de resolver la controversia

STSJN de 29 de julio de 1999. LAUDOS  ARBITRALES  LABORALES.  Sistema  de impugnación  tasada  que  impide  entrar  en  el  examen  de  las materias  sometidas  a arbitraje

SAPCob de 22 de diciembre de 1999. La doctrina de los actos propios interviene como límite del derecho subjetivo cuando en determinada relación jurídica uno de los sujetos actúa de manera que produce en el otro una fundada confianza de que, por la significación de su conducta, en el futuro se portará coherentemente

ARBITRAJE-LEY DE ARBITRAJE 60/2003

 

AAPM de 13 de mayo de 2004. LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ARBITRAJE 60/2003 NO AUTORIZAN AL ÓRGANO JURISDICCIONAL FRENTE AL QUE SE INSTA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO ARBITRAL A QUE EXAMINE SU CONTENIDO PARA PROCEDER AL DESPACHO DE EJECUCIÓN DE IGUAL MODO QUE EL ARTÍCULO 551 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL TAMPOCO SE LO PERMITE CON RELACIÓN A LAS SENTENCIAS FIRMES

 

AJPIM de 23 de septiembre de 2004. LA LEY DE ARBITRAJE 60/2003 NO REGULA UNA EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL LAUDO ARBITRAL

 

SAPM de 15 de octubre de 2004. CONCEPTUACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL COMO TÍTULO EJECUTIVO. CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO ARBITRAL NO PROCEDE ANALIZAR DE OFICIO LA VALIDEZ O NULIDAD DEL CONVENIO ARBITRAL

 

SAPNa de 15 de octubre de 2004. JUSTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE EN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL ARBITRAJE ADMINISTRAdo

 

SAPBu de 2 de noviembre de 2004. FUNCIÓN GARANTISTA QUE ASUME LA PETICIÓN DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

 

SAPNa de 13 de diciembre de 2004. LA CONDICIÓN DE CONSUMIDOR JUSTIFICA EL CONVENIO ARBITRAL ADHESIVO RESPECTO DEL CUAL SOLO ES POSIBLE EL ARBITRAJE DE CONSUMO

 

STC de 13 de enero de 2005. LAS GARANTIAS DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA NO SON TRASLADABLES AL ARBITRAJE POR LO QUE NO TIENEN ACCESO AL AMPARO CONSTITUCIONAL

 

SAPLle de 27 de enero de 2005. LA VIGENTE LEY DE ARBITRAJE ADMITE LA RECONVENCIÓN

 

SAPM de 28 de enero de 2005. EN EL ARBITRAJE RIGEN LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE EN LOS PROCESOS QUE SE REGULAN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. ADMISIÓN DE LA RECONVENCIÓN EN EL ARBITRAJE

 

SAPPGC de 9 de febrero de 2005. ARBITRAJE EN SEGURO PRIVADO. SU ARBITRABILIDAD

 

SAPBal de 22 de febrero de 2005. LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE DERECHO EN EL LAUDO ARBITRAL SÓLO ES CONSENTIDA A TRAVÉS DE LA INOBSERVANCIA DE LAS GARANTIAS QUE DEBEN OBSERVAR LOS ÁRBITROS EN SU EMISIÓN. EXISTE ARBITRAJE INSTITUCIONAL CUANDO SE APLICA UNA CONCRETA NORMATIVA INSTITUCIONAL

 

AAPB de 16 de marzo de 2005. COMPATIBILIDAD DE LA ADOPCIÓN JUDICIAL Y ARBITRAL DE MEDIDAS CAUTELARES

 

SAPCorb de 21 de marzo de 2005. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE ANULACIÓN CONTRA EL LAUDO ARBITRAL Y DEL ÁMBITO DE DERECHO AL LAUDAR

 

AAPM de 28 de marzo de 2005. DUDA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN O COMUNICACIÓN REALIZADA TRAS LA DENOMINADA “INDAGACIÓN RAZONABLE”.

 

SAPM de 31 de marzo de 2005. IMPARCIALIDAD OBJETIVA DEL ÁRBITRO EN LOS SUPUESTOS DE ARBITRAJE ADMINISTRADO POR UNA INSTITUCIÓN ARBITRAL

 

AAPBu de 7 de abril de 2005. LOS LAUDOS ARBITRALES GOZAN DE IGUAL EJECUTABILIDAD QUE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

 

SAPM de 26 de abril de 2005. SOLO PUEDE REITERARSE LA RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO CUANDO HABIENDO SIDO PLANTEADA EN FORMA EN LAS ACTUACIONES ARBITRALES NO HA SIDO ESTIMADA

 

SJMMa de 27 de abril de 2005. ARBITRAJE SOCIETARIO: LA IRRENUNCIABILIDAD DEL ÁMBITO SUSTANTIVO SOCIETARIO NO ES LO MISMO QUE LA RENUNCIA A LA JURISDICCIÓN PARA SU EXIGENCIA

 

 

 ARBITRAJE DE CONSUMO

SAPN de 20 de diciembre de 1996. Existencia de pretensión reconvencional. No provoca incongruencia del laudo arbitral.

SAPM de 4 de abril de 2000. Cuando existe resolución heterocompositiva justificada en la autonomía de la voluntad no se infringe el “derecho al juez ordinario predeterminado en la ley” (art. 24.2 de la Constitución). Los fundamentos que justifican el motivo de la anulación del laudo arbitral han de ser alegados oportunamente en el momento en que se plantea la petición de anulación del laudo arbitral. No con posterioridad. En el arbitraje en consumo lo relevante es que exista en el consumidor voluntad de someterse a arbitraje con independencia de cual sea la forma en que se expresa esa voluntad.

SAPGuip de 12 de junio de 2000. ARBITRAJE EN CONSUMO. La persona jurídica puede ostentar la condición de consumidora siempre que desarrolle su actividades sin ánimo de lucro y que en su caso transmita a título gratuito los bienes o servicios adquiridos. CRUZ ROJA es persona jurídica consumidora a los efectos del arbitraje de consumo. Cuando se plantea una cuestión de legalidad material u ordinaria no es aplicable el concepto de orden público como motivo de anulación del laudo arbitral. 

SAPBu de 25 de septiembre de 2000. ARBITRAJE DE CONSUMO. ES PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR PARA PLANTEAR LA PETICIÓN DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL. ESA PRECEPTIVA INTERVENCIÓN ES SUBSANABLE


SAPJ de 25 de septiembre de 2000. CUANDO EL CONSUMIDOR ACUDE AL ARBITRAJE DE CONSUMO NO ES POSIBLE PENALIZARLO CON PERDIDA DE DERECHOS ECONÓMICOS JUSTIFICADOS EN LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN POR NO HABER ACUDIDO DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

SAPBu de 26 de septiembre de 2000. ARBITRAJE EN CONSUMO. ES PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR PARA PLANTEAR LA PETICIÓN DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL ASÍ COMO QUE LA MISMA NO SE POSTULE EXTEMPORÁNEAMENTE

 
SAPBu de 20 de octubre de 2000. ARBITRAJE EN CONSUMO. La Audiencia Provincial INADMITE a trámite el recurso de anulación interpuesto por una de las partes contra el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de  Consumo  en la  controversia  mantenida por ambas partes. El recurso de anulación CARECE de la firma de abogado y procurador, por lo que no habiendo sido subsanada dicha omisión en plazo procede en base a lo establecido en el artículo 51 LA inadmitir a trámite la petición de anulación del laudo arbitral


SAPBu de 23 de octubre de 2000. ARBITRAJE EN CONSUMO. No ha lugar a la admisión a trámite del recurso de anulación contra el laudo arbitral por no haberse presentado por medio de Abogado y Procurador procediéndose a imponer a la entidad recurrente las costas procesales causadas por estimarse TEMERARIO el mantenimiento del recurso pese a que se le ha dado la oportunidad de subsanar los defectos de postulación

SAPV de 28 de octubre de 2000. CONVENIO ARBITRAL. La nulidad del convenio arbitral puede justificarse en razones SUBJETIVAS, OBJETIVAS Y FORMALES

SAPZam de 8 de febrero de 2001. ARBITRAJE EN CONSUMO. A TRAVÉS DE LA PETICIÓN DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL NO PUEDEN PLANTEARSE CUESTIONES RELTIVAS A LA JUSTICIA DEL LAUDO O AL MODO MÁS O MENOS ACERTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN LITIGIOSA

SAPVizc de 4 de abril de 2001. ARBITRAJE EN CONSUMO. LA NO ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS ANTE EL COLEGIO ARBITRAL NO ORIGINA INDEFENSIÓN CUANDO EXISTE UNA VOLUNTARIA Y CONSCIENTE INACTIVIDAD EN ORDEN A ACUDIR A LAS MISMAS Y LA INACTIVIDAD NI IMPIDE QUE SE PRONUNCIE EL LAUDO ARBITRAL NI LE PRIVA DE EFICACIA


SAPBu de 24 de abril de 2001. ARBITRAJE EN CONSUMO. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL ARBITRAJE: LAS NORMAS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA NO TIENEN EN EL ARBITRAJE LA CONDICIÓN DE NORMAS DE IUS COGENS O DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL: EL LAUDO ARBITRAL AL PRODUCIR LOS EFECTOS DE LA COSA JUZGADA COMPARTE CON LA JURISDICCIÓN PRINCIPIOS QUE INTEGRAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA COMO SUCEDE CON LA NECESARIA MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

 

SAPIB de 26 de junio de 2001. CONGRUENCIA DEL LAUDO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE EN CONSUMO: ES LA QUE ATIENDE A LA PROPIA ESENCIA DEL SENTIDO COMÚN Y LA LÓGICA

 

ARBITRAJE EN PROPIEDAD HORIZONTAL

SAPLu de 8 de octubre de 1997. Validez de arbitraje pactado en los Estatutos de una Comunidad de Propietarios [propieda horizontal]. Es arbitrable el gasto comunitario. Inclusión de convenio arbitral en la escritura de constitución de la propiedad horizontal.

 

ARBITRAJE EN TRANSPORTE TERRESTRE

SAPM de 20 de enero de 1999. La Ley de Arbitraje no es aplicable al arbitraje en transporte terrestre en materia relativa a la composición del colegio arbitral.

SAPGuip de 19 de febrero de 1999. Transporte terrestre: sometimiento obligatorio a arbitraje. Sistema contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 y 117 de la Constitución al quebrantarlo por constituir una expresión de la libre facultad que tiene el demandante de incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del mismo: declaración de inconstitucionalidad del artículo 38.2º LOTT.

SAPM de 8 de marzo de 1999. El arbitraje de transporte está generado en una relación de transporte. Nueva redacción del artículo 38.1 LOTT: establece una presunción de acuerdo de sometimiento a arbitraje cuando la cuantía de la controversia no exceda de quinientas mil pesetas y ninguna de las partes intervinientes en el contrato de transporte ha manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado por lo que la manifestación de voluntad de una sola `parte, con los requisitos formales y temporales exigidos por la norma impide el conocimiento de la controversia por las Juntas Arbitrales. Convenio arbitral afectado por una presunción legal de existencia.

SAPAlva de 27 de mayo de 1999.  Responsabilidad en materia de usuarios y consumidores: procedencia. Servicios de transporte: entrega del paquete 24 horas después del limite convenido. Encargo del transporte a la demandada por la garantía de rapidez que ofertaba: perjuicio al actor por el retraso. Determinación de la cuantía: frustración de una expectativa en cuanto a que el proyecto remitido por el actor hubiera obtenido la adjudicación del contrato en un concurso. Renuncia al arbitraje por el demandado al oponerse al fondo de la demanda tras plantear la excepción. Eficacia de la cláusula de sumisión expresa a la junta Arbitral de Transportes: no supone desequilibrio en detrimento de los derechos y obligaciones de la parte contratante con el transportista. Cláusulas abusivas. Firma del remitente inserta en el anverso dentro del espacio destinado a «conforme del cliente».

SAPZ de 4 de abril de 2000.  Apreciación por la Junta Arbitral de transportes de la concurrencia de dolo que nadie había alegado, privándose al recurrente de la posibilidad de redargüir tal alegato con las adecuadas contra alegaciones y pruebas: vulneración de los principios de audiencia, contradicción e igualdad. CONGRUENCIA: exige un racional ajuste del fallo a las pretensiones de las partes y a sus hechos fundamentadores. El árbitro está facultado para la aplicación de componentes jurídicos de la pretensión distintos de los invocados por las partes pero tal posibilidad está condicionada al “componente fáctico esencial de la acción ejercitada”.

SAPAst de 22 de junio de 2000. TRANSPORTE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS. Sometimiento de la controversia a la junta arbitral de transporte competente por razón del territorio. Arbitraje obligatorio, al no haberse manifestado por las partes intervinientes en el contrato, y antes de iniciarse el servicio contratado, una voluntad en contra de dicho sometimiento.

SAPCast de 30 de junio de 2000. ARBITRAJE EN TRANSPORTE TERRESTRE. Irrelevancia de acto de conciliación previo sin avenencia para proceder al arbitraje. Falta de asistencia de uno de los miembros de la Junta arbitral: validez del Laudo acordado por mayoría simple. 

SAPNa de 28 de septiembre de 2000. ARBITRAJE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE. El sometimiento a arbitraje se hace depender de un CONVENIO ARBITRAL AFECTADO POR UNA PRESUCIÓN LEGAL DE EXISTENCIA cuando la cuantía de la cuestión  litigiosa  no  exceda de  tres mil  euros. ACUMULACIÓN  OBJETIVA DE ACCIO-NES: permite al actor DELIMITAR el contenido de su reclamación  

SAPSe de 4 de octubre de 2000. ARBITRAJE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE. LA PRESUNCIÓN LEGAL DE CONVENIO ARBITRAL NO ES APLICABLE EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. Es aplicable al arbitraje en materia de transporte terrestre la normativa sobre ACUMULACIÓN DE PROCESOS de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

SAPM de 14 de octubre de 2000. LA ELUSIÓN DEL SOMETIMIENTO al arbitraje en materia de transporte terrestre SOLO ES POSIBLE CUANDO LA MISMA SE HACE CONSTAR EXPRESAMENTE. EL CÓMPUTO para plantear la petición de anulación del laudo arbitral se ha de realizar con arreglo a lo indicado en la CERTIFICACIÓN expedida por la Junta Arbitral del Transporte. Mediante la petición de anulación del laudo arbitral NO ES POSIBLE ENTRAR A CONOCER DEL FONDO resuelto por la Junta arbitral del Transporte

SAPAst de 18 de octubre de 2000. ARBITRAJE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE. LA PRESUNCIÓN LEGAL de convenio arbitral que establece la LOTT NO ES INCOMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES en el ámbito del TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. CONSTITUCIONALIDAD del artículo 38 LOTT porque “está en consonancia con la corriente potenciadora del arbitraje

SAPSo de 8 de noviembre de 2000. ARBITRAJE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE. NO ES POSIBLE CUESTIONAR LA CUESTIÓN DE FONDO RESUELTA POR EL LAUDO ARBITRAL. A FALTA DE NORMATIVA SOBRE NOTIFICACIONES SE APLICA LA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

ARBITRAJE SOCIETARIO

SAPB de 17 de febrero de 1999. Decisión arbitral sobre impugnación de acuerdos sociales. La cuestión litigiosa no es susceptible de ser sometida a arbitraje. Exclusión de la disponibilidad de las partes en aquellos acuerdos que afectan a los perfiles estructurales de la sociedad.

SAPNa de 4 de junio de 2001. EL TRIBUNAL SUPREMO HA ESTABLECIDO UN CLARO CRITERIO EN ABSOLUTO CONFUSO EN ORDEN A LA ADMISIBILIDAD DEL ARBITRAJE DE EQUIDAD PARA LOS SUPUESTOS DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. ORIGEN DEL ARBITRAJE DE EQUIDAD: SE ENCUENTRA EN LA LEY. EN CONCRETO EN LA LEY DE ARBITRAJE QUE LO INSTITUYE

 

ARBITRAJE SOBRE DERECHO DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO TURÍSTICO

AAPPGC de 18 de marzo de 1999. Arbitraje en timesharing o multipropiedad. Cuando una de las partes del contrato en el que se contiene una ´cláusula de arbitraje interpone demanda no sólo contra la otra parte sino también contra un tercero ajeno al contrato, no se puede diseccionar el pleito derivando una parte de éste al arbitraje, la que afecta a los contratantes, manteniendo el litigio en el ámbito jurisdiccional para el otro demandado.

 

 

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

ATS de 19 de noviembre de 1996. Apoderamiento en el arbitraje comercial internacional. Concepto de convenio arbitral y rebeldía por conveniencia.

ATS de 4 de marzo de 1997. Exequatur de laudo arbitral. Doctrina sobre el orden público. El derecho a utilizar los medios de prueba y la motivación del laudo arbitral: aplicación de la doctrina constitucional.

ATS de 27 de mayo de 1997. Rebeldía por conveniencia. Su conceptuación.

ATS de 17 de febrero de 1998. Principio de eficacia máxima del CNY. Presupuestos formales y materiales para proceder al exeqúatur. La carga de la prueba corresponde a quien se opone al exeqúatur. Nulidad del convenio arbitral. No procede: aplicación del CNY. Concepto de orden público.

STJ de la CE de 17 noviembre de 1998. El art. 5 núm 1 Convenio de Bruselas de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal competente en virtud de esta disposición es también competente para adoptar medidas provisionales o cautelares, sin que esta última competencia esté supeditada a otros requisitos. Cuando las partes han sustraído válidamente un litigio derivado de un contrato a la competencia de los Tribunales estatales para atribuirlo a un órgano arbitral, no pueden adoptarse medidas provisionales o cautelares basándose en lo dispuesto en el núm. 1 artículo 5 Convenio de 27 de septiembre de 1968.

ATS de 16 de abril de 1996. Improcedencia de laudo arbitral pronunciado en Francia. Desestimación por Tribunal de París de recurso de anulación interpuesto contra el mismo. Falta de reconocimiento de esta sentencia desestimatoria por la jurisdicción española e inexistencia del acuerdo arbitral que es presupuesto o premisa del laudo.

STS de 28 de enero de 1998. Inexistencia de convenio arbitral: no formalización por escrito.

ATS de 5 de mayo de 1998. Laudo dictado por la Corte Arbitral de París: procedencia en la aplicación del Convenio de Nueva York en lugar del Convenio celebrado entre España y Francia en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y actas auténticas en materia civil y mercantil.

ATS de 5 de mayo de 1998. Laudo dictado por la Cámara de Comercio Internacional de París: irrelevancia de la declaración de suspensión de pagos de la Sociedad condenada en el laudo.

ATS de 5 de mayo de 1998. Laudo arbitral dictado por el Tribunal Arbitral de la GAFTA (Asociación Internacional para el comercio de piensos y granos). Aplicación del Reglamento de Arbitraje de la GAFTA.

ATS de 26 de mayo de 1998. Laudo arbitral dictado en Estrasburgo. Reconocimiento y ejecución. Improcedencia. Falta de prueba de la existencia del acuerdo compromisorio.

ATS de 9 de junio de 1998. Inexistencia de violación del orden público. Pronunciamiento de la resolución sin infracción del litisconsorcio pasivo necesario. Rechazo motivado del recurso de apelación intentado contra el laudo arbitral.

ATS de 7 de julio de 1998. Laudo arbitral dictado por la Cámara Arbitral de París: aplicación del Convenio de Nueva York de en lugar del Convenio entre España y Francia en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y actas auténticas en materia civil y mercantil.

ATS de 17 de enero de 1998. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS: Laudo arbitral dictado por la Asociación Mercantil de la Bolsa de Hamburgo. Reconocimiento y ejecución.  improcedencia.  Falta de prueba de la existencia de la cláusula compromisoria

ATS de 14 de julio de 1998. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS: Laudo emitido por árbitro único nombrado por el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido. Contrato de fletamento.  Determinación de la cláusula compromisoria: Existencia. Exequátur: sí.

ATS de 29 de septiembre de 1998. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Delimitación del régimen convencional aplicable. Poder del procurador: subsanación. Idioma del arbitraje. Control del fondo: Improcedencia

ATS de 29 de septiembre de 1998. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS: Condena de cantidad. Laudo arbitral dictado por la Cámara arbitral de París. Aplicación del CNY de 1958. Falta de prueba de la existencia del acuerdo arbitral compromisorio

ATS de 27 de octubre de 1998. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Reconocimiento de laudo dictado en el extranjero. Incomparecencia del demandado

ATS de 24 de noviembre 1998. RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL DICTADO EN EL EXTRANJERO: Requerimiento de presentación de documentos fehacientes: prueba de la audien­cia del demandado. Recurso de súplica. Desestimación del recurso

ATS de 24 de noviembre de 1998. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Reconocimiento de laudo emitido en el extranjero. Falta de legitimación pasiva: imposibilidad de revisión de fondo. Examen del derecho a la defensa: sociedades distintas sólo en apariencia: levantamiento del velo. Falta de sumisión a arbitraje: indagación de la voluntad de las partes: existencia

ATS de 24 de noviembre de 1998. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Reconocimiento de laudo arbitral dictado en el extranjero: procedimiento meramente homologador

ATS de 19 de enero de 1999. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL. Pendencia en España de un procedimiento contencioso-administrativo: no identidad de partes ni coincidencia absoluta de objeto y causa. Primacía de la seguridad jurídica y la coherencia del orden interno

ATS de 23 de marzo de 1999. Distinción entre causa de denegación del exequátur de oficio y a instancia de parte con apoyo en el CNY. Laudo dictado por el Tribunal Arbitral de Comercio de la Federación Rusa

AJPIM de 28 de junio de 1999. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Adopción de medidas cautelares por el juez español cuando el procedimiento arbitral ya está en curso en otro país

ATS de 16 de noviembre de 1999. Laudo arbitral dictado por la Cámara Arbitral Marítima de París: aplicación del Convenio de Nueva York de 10 junio 1958; emplazamiento infructuoso de la mercantil demandada en el domicilio social: conocimiento por la actora de la inactividad en él a través de un anterior proceso por los mismos hechos terminado por sobreseimiento; silenciamiento del domicilio del Consejero Delegado Único; defraudación de las garantías procesales de la demanda

ATS de 20 de junio de 2000. Carácter meramente homologador del exequatur; LITISPENDENCIA EN EL AMBITO DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EXTRANJERAS. Se basa en la necesidad de evitar la concurrencia, siquiera posible, de dos resoluciones que en sí mismas o por sus efectos sean de imposible coexistencia

STJCE de 1 de junio de 1999. DEFENSA DE LA COMPETENCIA.- Aplicación de oficio por un tribunal arbitral del artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Facultad del juez nacional de anular los laudos arbitrales. Un órgano jurisdiccional nacional al que se ha presentado un recurso de anulación de un laudo arbitral debe estimarlo cuando considere que el laudo es efectivamente contrario al art. 81 TCEE ‑ex art. 85 TCEE‑, si conforme a las normas procesales internas debe estimar un recurso de anulación basado en el incumplimiento de normas nacionales de orden público

ATS de 1 de febrero de 2000. Laudo arbitral extranjero. PROCEDE EL EXEQUÁTUR. Cumplimiento de los requisitos impuestos por el Convenio de Nueva York: conocimiento por la parte demandada del arbitraje promovido contra ella: falta de oposición al orden público interno

ATS de 8 de febrero de 2000. Laudo arbitral extranjero. PROCEDE EL EXEQUÁTUR. Cumplimiento de los requisitos impuestos por el Convenio de Nueva York: inexistencia de indefensión. Validez del contrato arbitral. Falta de oposición al orden público interno

ATS de 28 de marzo de 2000.Laudo arbitral pronunciado en el Reino Unido: aplicación del Convenio de Nueva York. Pacto válido de sumisión a arbitraje del contrato de fletamiento. Doctrina de los actos propios. Denegación de las causas de oposición: inexistencia de indefensión

ATS de 11 de abril de 2000. Laudo arbitral pronunciado en Francia: aplicación del Convenio de Nueva York. Circunstancias obstativas al laudo arbitral no acreditadas por la demandada

ATS de 18 de abril de 2000. SOMETIMIENTO A ARBITRAJE. VOLUNTAD COMÚN DE LAS PARTES: ha de resultar del conjunto de las comunicaciones mantenidas y de las actuaciones llevadas a cabo, sin que quepa atribuir eficacia al silencio o inactividad de aquella parte a la que se hubiese dirigido una oferta que contenga un convenio arbitral

ATS de 18 de abril de 2000. Procedencia de exequátur de laudo arbitral extranjero. Cumplimiento de los requisitos impuestos por el Convenio de Nueva York. Existencia de convenio arbitral. Comunicaciones por teleimpresor o telefax que permiten inferir la voluntad de las partes de someter las disputas surgidas en el desenvolvimiento del contrato de fletamento a la decisión de árbitros

ATS de 31 de julio de 2000. La aportación conjuntamente con la petición de EXEQUÁTUR DEL LAUDO ARBITRAL del original o copia auténtica del convenio arbitral se realiza según un criterio que busca facilitar la constancia escrita de la efectiva voluntad de las partes de incluir en el contenido de un contrato [o, en sentido más amplio, de un negocio jurídico] una cláusula de compromiso, y, en general, de someter las controversias surgidas en la ejecución del negocio o en el desarrollo de la relación jurídica a la decisión de uno y más árbitros, integrados o no en una institución arbitral.

ATS de 28 de noviembre de 2000. Requisitos formales y de fondo para obtener el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral de conformidad con el CONVENIO DE NUEVA YORK.

ATS de 20 de marzo de 2001. LITISPENDENCIA. A la litispendencia planteada en el foro con posterioridad al inicio del arbitraje no es posible atribuirle eficacia alguna porque lo contrario sería tanto como cerrar el paso definitivamente a cualquier decisión foránea, pues bastaría con iniciar en España, una vez se tiene noticia del comienzo del arbitraje en el extranjero un procedimiento judicial para oponer su pendencia en el curso del exequátur como obstáculo para su homologación.

ATS de  16 de  mayo de  2001. PETICIÓN  DE EXEQUÁTUR DE LAUDO ARBITRAL PRONUNCIADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA BOLSA DE ALGODÓN DE BREMEN. El trámite de AUDIENCIA DE LA PARTE CONTRA LA QUE SE DIRIJA EL EXEQUÁTUR HA DE TENER COMO CORRELATIVA LA AUDIENCIA TAMBIÉN DE QUIEN SOLICITA EL EXEQUÁTUR. EXEQUÁTUR PARCIAL DEL LAUDO ARBITRAL: obliga a DELIMITAR el alcance del exequátur

ATS de 2 de octubre de 2001. EN EL EXEQUATUR DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS LA APORTACIÓN JUNTO CON LA DEMANDA DEL ORIGINAL O COPIA AUTÉNTICA DEL CONVENIO ARBITRAL PUEDE RESPONDER A UN SENTIDO FINALISTA Y TELEOLÓGICO QUE BUSCA FACILITAR SU CONSTANCIA ESCRITA. CUANDO SE ACTÚA EN EL TRÁFICO COMERCIAL INTERNACIONAL DE ESE MODO NO ES POSIBLE OPONER FRENTE AL EXEQUÁTUR DEL LAUDO ARBITRAL NI LA INEXISTENCIA NI LA INEFICACIA DEL CONVENIO ARBITRAL

 ATS de 13 de noviembre de 2001. EXEQUATUR DE LAUDO ARBITRAL EXTRANJERO. PREFERENCIA DEL RÉGIMEN NORMATIVO DEL CONVENIO DE NUEVA YORK SOBRE EL DEL CONVENIO BILATERAL CON EL REINO DE ESPAÑA POR RAZONES DE EFICACIA MÁXIMA, FAVORECIMIENTO DEL EXEQUÁTUR Y ESPECIALIDAD DEL OBJETO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO DE NUEVA YORK. APLICACIÓN DEL CONVENIO DE NUEVA YORK EN LOS SUPUESTOS EN QUE EXISTAN DUDAS SOBRE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DESTINATARIO DEL EXEQUÁTUR. EN EL EXEQUÁTUR DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS LA APORTACIÓN JUNTO CON LA DEMANDA DEL ORIGINAL O COPIA AUTÉNTICA DEL CONVENIO ARBITRAL PUEDE RESPONDER A UN CRITERIO INTEGRADOR DE ÍNDOLE SISTEMÁTICA O A LA FINALIDAD DE LA NORMA

ATS de 27 de noviembre de 2001. LA NO ALEGACIÓN DE CAUSA DE OPOSICIÓN AL EXEQUÁTUR LIMITA EL CONTROL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA OBTENERLO

 

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